Existía un número indeterminado de jóvenes menores de edad, en los campos de concentración.
El jefe de la Inspección de Campos, coronel Luis Martín de Pinillos se dirige al Cuartel General del Generalísimo. En su exposición reclama la conveniencia de trasladar los jóvenes desde los campos de concentración a un reformatorio para menores de edad en Amurrio, Älava y lo pone en su conocimiento de la máxima autoridad para lo que considere procedente.
A partir de este punto, se inaugura un largo proceso para tantear todos los organismos implicados en el tema. Todas los entidades implicadas van respondiendo a la propuesta exponiendo su perspectiva sobre los perfiles jurídicos necesarios y las adecuaciones materiales a las que daría lugar.
Con fecha de 29 de julio, el Coronel Inspector le hace llegar al ministro de Justicia un escrito con una precisión jurídica clave para el centro que se pretendía crear: ''que la mayoría de edad para la atención de menores se situaba en los 18 años''. El coronel ya había dispuesto que un auditor de guerra, un comandante médico, jefe de los servicios sanitarios y un capellán asesor, se incorporasen al Reformatorio de Amurrio con los nuevos huéspedes.
Un informe con fecha 9 de agosto de 1938, dirigido a Máximo Cuervo Radigales , le informan de los pasos dados hasta ese momento. Se trataba de enlazar ministerios dispersos por la geografía de la España “rebelde” pues, si bien el Servicio de Prisiones se hallaba en Vitoria, la Inspección se situaba en Burgos.El informe de Ochotorena nos aclara que la decisión de elegir Amurrio no procede de Martín de Pinillos.
El coronel Martín de Pinillos se avino a las razones expuestas por el auditor de que “únicamente los prisioneros menores de 16 años y que hubieran de ser puestos a disposición del Tribunal de Menores, tuvieran cabida en él”. Este informe marca el momento álgido de colaboración de ambos servicios,dependientes de diferentes ministerios.
El 13 de agosto y desde Vitoria, Ochotorena recibe respuesta de Máximo Cuervo , manifestandoque “quedo complacido del resumen de tu gestión, enterado y conforme con cuanto me dices”. En él consta la larga existencia del centro que venía prestando servicio a los Tribunales de Menores de Bilbao y Vitoria desde 1920, gracias a que sus “socios propietarios hicieron posible la fundación del primer Tribunal de Menores que se constituyó en España''. La Guerra Civil marca una ruptura en su devenir. El centro fue ''invadido por las milicias anarco-separatistas''. El Patronato lo había rehabilitado y se advierte que “la Ley exige para cualquier servicio la autorización de los Tribunales de Bilbao y Vitoria”.
Un segundo paso había sido, el restablecimiento de los reformatorios existentes en territorio liberado que han padecido la dominación rojo-separatista. El ministerio de Justicia había ordenado al Patronato del Reformatorio de Amurrio que no se preste a la ocupación de sus instalaciones para ningún otro servicio. Luego se reafirma en su advertencia de que no admitirá jóvenes fuera de la edad señalada.
Un informe paralelo, dirigido al secretario general del CSPM y firmado por el jefe de la sección de Puericultura- demuestra que se están buscando otras localizaciones para situar a esos jóvenes entre dieciséis y dieciocho años que se querían sacar de los campos de concentración, pero no podían entrar en los Reformatorios.
A partir de finales de 1938, el secretario general del CSPM, Gregorio Santiago y Castiella dirige sus pasos hacia Mario González Pons. Poco a poco, vamos conociendo la personalidad de este aparentemente joven militar con residencia provisional en Ávila, a la espera de la caída de Madrid, que recibe el nombramiento con cierta frialdad.
El 2 de enero de 1939, Mario González Pons responde de su puño y letra a Gregorio Santiago.
El 25 de febrero el vicepresidente del CSPM le hace llegar al ministro de Justicia las bases para la organización del Centro de Reeducación de Jóvenes Prisioneros, para menores que se hallaban en los Campos de Concentración, con el objeto de que lo remitieran al Inspector Jefe. En él se cita como primera sede, La Muera (Vizcaya), aunque se había barajado previamente la localidad de Orduña. No precisa su autor del documento, aunque intuimos que detrás del “estudio, realizado en varias reuniones” está la mano de González Pons.
La triste suerte de los vencidos se ahondaba con estos jóvenes menores de edad, destinados a penar doblemente por haber defendido la República. El castigo inmisericorde que se manifestó con los adultos, fue aún más terrible con estos menores, que quedarían fichados y marcados para siempre, con el sello de su paso por los campos de concentración.
